La mitad de autopsias en Galicia en 2022 fueron por muerte violenta
Tres de cada cuatro muertes naturales las causó una enfermedad cardiovascular
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De las 2.037 autopsias que realizó el pasado año el servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), más de la mitad, 1.011, correspondieron a casos de muerte violenta; y tres de cada cuatro de las restantes, vinculadas a causas naturales, se debieron a la patología cardiovascular. Además, en su última memoria, el instituto registró un repunte en el número peticiones que recibió del ámbito judicial para realizar pericias forenses, así como en las llevadas a cabo: 12.334, el 56 % de las «casi 25.000» solicitadas a lo largo del año.
Son datos que el propio instituto recoge en su balance de actividad del ejercicio de 2022, tanto en clínica forense —con las pruebas que demandaron las autoridades judiciales en sujetos vivos— como en el de patología forense —centrado en discernir las causas y circunstancias de una muerte—. En todo el año, el servicio realizó 2.037 autopsias, 1.026 por muerte natural y 1.011 por muerte violenta, ya referidas. Dentro de esta casuística, abunda la institución, aumentaron tanto los accidentes (663) como los suicidios (340), mientras que se redujeron los homicidios (8) respecto a la memoria previa. La mayoría de las muertes accidentales fueron causadas por traumatismos, fundamentalmente por caídas fortuitas o accidentes de tráfico; en el caso concreto de los siniestros de circulación, las víctimas mortales se incrementaron en 10, hasta las 123; y, en el caso de las muertes naturales, la patología más numerosa fue con diferencia la cardiovascular, que supuso el 75% del total. A continuación, y separado por un amplio margen, se encuentra el recuento de las defunciones a causa de dolencias respiratorias o digestivas.
Al Imelga se le solicitaron casi 27.000 pruebas periciales a lo largo del pasado año. «De las casi 25.000 peticiones en el ámbito de la clínica forense, 22.746 fueron dirigidas a los médicos forenses y 2.198 a los equipos psicosociales formados por profesionales de la psicología y de trabajo social», desgrana en un comunicado; y, de las que se destinaron a los médicos forenses, 21.146 procedieron del ámbito judicial y 755 fueron a solicitud de particulares.
Destaca el crecimiento en la demanda de valoraciones de psiquiatría forense, algo que también se había dado en el anterior ejercicio. En total, en 2022 se realizaron 12.334 pericias, un 56% de las solicitadas, lo que conlleva una subida de más de 2.000 respecto a 2021. La mayoría se concentran en centros psiquiátricos y geriátricos (un 42,67%), seguidas por 4.510 pericias de incapacidad (un 36,56%). Por último, en la pericia médico forense, constan 111 valoraciones integrales de muertes por violencia de género, el 5% de la actividad clínica de este tipo, «siguiendo la tendencia de los últimos años». En esa línea, el servicio de clínica forense tramitó 641 valoraciones médicas de lesión por agresión de violencia de género y 348 de agresiones sexuales, un total de 1.100.
Cambios en la Ley
Además de la pericia médica, la práctica de la clínica forense recoge la psicológica y social y la de trabajo social, para las que el Imelga cuenta con 17 equipos. Estos grupos colaboraron con los médicos forenses en las 111 valoraciones integrales de violencia de género del año pasado; de hecho, la pericia en materia de familia supuso en 2022 más del 57% de la actividad pericial de los profesionales de la psicología y casi un 65% en el caso de trabajadores sociales.
La Xunta pronostica que la demanda global de los equipos especializados en el ámbito psicosocial «tenderá a aumentar progresivamente en función del incremento de sus competencias legislativas», ante los cambios en la normativa oficial que entraron en vigor en 2021: Ley orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia; Ley de enjuiciamiento criminal; y Ley 8/2021, que reformó la legislación civil y procesual para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
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